Desde el punto de vista comercial un Brexit sin acuerdo tendría graves consecuencias en la relación entre Reino Unido y la UE. De no mediar acuerdo, se aplicarán inmediatamente derechos de aduana y controles regulatorios. Reino Unido se convertirá en un tercer país, y los aranceles aplicables, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), serán los de la nación más favorecida (esos aranceles aun no siendo muy altos, en algunos sectores, como el del automóvil, ascienden al 10%).
Desde el punto de vista del ciudadano de a pie, aquellos de la Unión que residan en el Reino Unido (estudiantes, trabajadores…) ya no estarían protegidos por la normativa de la UE en materia de libre circulación. Los nacionales del Reino Unido que residan en la Unión Europea perderían la ciudadanía europea y estarían sujetos, a partir de la fecha de retirada, a las normas generales que se aplican a los nacionales de terceros países en la UE. Ello afectaría a su derecho a residir, estudiar o trabajar en el lugar en el que vivan actualmente, así como a la protección de que gozan en materia de seguridad social y en otros ámbitos. Los ciudadanos de a pie, en tal caso, quedarían a expensas de lo que dictaminasen las legislaciones nacionales. La promesa o compromiso de mantener su estatus actual dependería, en última instancia, de la condición de reciprocidad.
De producirse una salida no pactada, al Reino Unido no le quedaría alternativa otra que regresar al bilateralismo, esto es, tendría que volver a negociar acuerdos económicos y comerciales de Estado a Estado. Además establecería un período de transición y sería tratado como un país no perteneciente a la UE a efectos aduaneros a partir de su fecha de retiro. Las empresas de la UE deberían comenzar a prepararse para esta posibilidad.
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