Desde 1999, la UE y el Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, desde 2024, Bolivia) vienen negociando un acuerdo comercial. De llegarse a firmar, se crearía una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.
El acuerdo supone la eliminación progresiva de los elevados aranceles que se aplican, actualmente, a un gran número de productos agroalimentarios europeos, en los que España tiene intereses comerciales, como el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas o porcino. En contrapartida, la UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias del bloque de MERCOSUR e impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles. Se mantendrán los exigentes estándares de seguridad alimentaria europeos, ya que todas las exportaciones de MERCOSUR deberán cumplir con los estos. Se garantiza la protección de 357 Indicaciones Geográficas de alimentos y bebidas de la UE, de las que 59 son españolas. El acuerdo prevé la posibilidad de aplicación de medidas de salvaguarda bilaterales, si se produjera un incremento repentino de las importaciones en un determinado producto.
En relación con el sector industrial, MERCOSUR eliminará aranceles al 90% de sus importaciones procedentes de la UE, eliminación que se producirá en 10 años para la mayor parte de los productos. Se beneficiarán más aquellos sectores que tienen un arancel más alto, como el automóvil, los bienes de equipo, los productos químicos, los productos farmacéuticos o el textil y calzado.
En materia de servicios, el acuerdo elimina obstáculos en sectores de gran importancia para España, como los servicios financieros y las telecomunicaciones. Destaca también el sector de servicios de transporte marítimo internacional. Se introducen disposiciones en materia de comercio electrónico e incluyen disposiciones respecto a la movilidad de trabajadores de perfil directivo y especialista.
Una vez que se cierre el Instrumento Adicional, los siguientes pasos incluyen la revisión jurídica de los textos acordados para, posteriormente, proceder a las traducciones del texto a todos los idiomas de la UE. Estos textos deben ser presentados al Parlamento Europeo y Consejo de la UE para su aprobación y, en su caso, a la ratificación de los Parlamentos de los Estados miembros para las partes del acuerdo que incluyan competencias mixtas, no exclusivas de la UE.